SAN JUAN – Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME levantó el martes, su voz de alerta y repudio a los proyectos presentados ayer en la Legislatura que van encaminados a trastocar las leyes laborales de nuestro país en detrimento de los trabajadores tanto del sector público como privado y en menoscabo de nuestra constitución.
Además, cuestionó la falta de discusión con el sector laboral, a diferencia de la colaboración interesada del sector privado, que endosó estos proyectos.
“El trastocar leyes laborales, que inclusive salen de la misma constitución es preocupantemente serio. Esto requiere un análisis profundo y una amplia discusión con los sectores afectados. Es bien curioso ver al Gobernador en su conferencia de prensa junto al sector privado, ¿y dónde queda su estribillo de campaña de que iba a trabajar en equipo y con todos los sectores que componen nuestra sociedad? Aquí obviamente sólo el sector cuyo bolsillo se alivia a expensas de los trabajadores es al que se le consulta y se les conceden sus peticiones. Estamos hablando de “transformar” los derechos laborales llevándonos a los años 40. Esto no es “trasformar”, esto es llevarnos al pasado, a la esclavitud. Esto no es “flexibilidad” esto es explotación, una forma de camuflajear la eliminación de derechos básicos de los trabajadores. En ninguno de los países que han adoptado este tipo de medida, su economía ha florecido, todo lo contrario, no crea empleos y retrasa el crecimiento y el desarrollo económico. Los países de mayor competitividad son aquellos que ofrecen óptimas condiciones laborales a sus empleados”, señaló Annette González, presidenta de SPU en declaraciones escritas.
La líder sindical señaló que el Proyecto del Senado 212- Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral crea dos clases, o niveles de empleados, violentando así el derecho a igual paga por igual trabajo, y que en vez de motivar el empleo, lo desalienta en la medida que los beneficios se reducen sustancialmente, casi a la mitad: bono de Navidad, días de vacaciones y enfermedad.
“La eliminación de derechos laborales no crea empleos, sólo engordan las arcas de los que más tienen y exprimen a los trabajadores. Esto es un mito que el sector privado ha querido hacerle creer al pueblo por años, pero la verdad es que se han eliminado beneficios en el pasado y no se han creado empleados, pero sí han empobrecido al trabajador”, explicó González.
Sobre la flexibilidad en el horario laboral, la sindicalista señaló que este aspecto inclusive va en contra de nuestra Constitución, que establece claramente que luego de las ocho horas laborales trabajadas diarias, el exceso se paga a tiempo y medio.
“Esta conquista obrera le hizo justicia a los hombres y mujeres trabajadores que habían sido explotados por sus patronos. Para lograrlo conllevó la muerte de cientos de personas. Esta victoria fue tan contundente que nuestra constitución la protege y querer de un plumazo eliminarla es inaceptable y una burla a las vidas perdidas y a abolición de la esclavitud laboral. El único en beneficiarse con esta atrocidad son los empresarios. Si hay necesidad de trabajar más de 8 horas, se tiene que pagar horas extras o contratar más empleados o reorganizar su horario laboral”, sentenció.
En cuanto al proyecto de empleador único, SPU precisó que el mismo se presta para trasladar arbitrariamente a empleados de una agencia a otra, o a diferentes regiones geográficas, trastocando así los convenios colectivos.
“Nos preocupa mucho el aspecto del despido constructivo, esto se presta a discrimen por diversas razones, a represalias y significa un retroceso en cuanto a los derechos de los trabajadores. Estamos viendo que en cuanto a las leyes laborales, este Gobierno pretende regresarnos a los años de la Ley 5, cuando no existía el derecho a la sindicación de los empleados públicos, y se hacía lo que se quería con el empleado público. Esto no nos va a ayudar a salir de la crisis, va a empeorarla y afectará dramáticamente los servicios al pueblo”, señaló.
González le solicita y exige al Gobernador y a la Legislatura escuchar el sentir del sector sindical sobre estas medidas y que las mismas no se aprueben sin el análisis real de su impacto en nuestro pueblo trabajador.
“Los trabajadores del sector público han sido bien sacrificados y maltratados desde la Ley 7, eliminándoles derechos y retrasándoles pagos amparándose en la crisis fiscal. Ya es hora de un cese y desista de continuar con el ataque despiadado contra el trabajador del sector público y privado. Debemos recordar que ellos son los que mueven la economía de Puerto Rico y sin ellos vamos destinados al fracaso como pueblo”, finalizó.