CULEBRA — Es un viernes de septiembre y el edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) está cerrado. Dos vehículos oficiales están estacionados en la marquesina de la estructura que desde la carretera luce abandonada. Uno de los vehículos está cubierto de polvo y arañas. Un pequeño vehículo todoterreno también está abandonado en la parte trasera del edificio, donde hay boyas rotas, anclajes oxidados y una planta eléctrica deteriorada. En el patio hay una motora acuática y otro vehículo oficial que no sirven.
Las playas de Culebra son de las mejor valoradas por el turismo mundial. Figuran en los rankings internacionales, así como en las guías y campañas de mercadeo que Turismo utiliza para alardear de la riqueza paradisiaca de Borinquen. Más allá del mercadeo y la propaganda que hace el Gobierno para atraer turistas, en Culebra no hay embarcación del DRNA para supervisar las costas, sus reservas naturales o cayos. No hay nadie que fiscalice o atienda los señalamientos de violaciones ambientales, tanto en el mar como en tierra.
Cerca de un centenar de muelles ilegales, la remoción de terrenos sin permisos, la instalación de plataformas permanentes en el mar, anclajes constantes de embarcaciones en zonas prohibidas como los corales, pesca ilegal en las reservas y descargas de aguas usadas son parte de las violaciones que están impactando impunemente una de las zonas más prístinas y valiosas de Puerto Rico ante la negligencia del DRNA, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El Gobierno ni siquiera cumple con su responsabilidad en ley de cobrar el impuesto a los turistas designado hace casi dos décadas con el fin de tener un fondo para la protección ambiental de la isla municipio.
“Lo que pasa en los cayos, la gente que viene en bote y todo lo que pasa en el mar, está prácticamente al garete”, dice Neil Romero, director ejecutivo de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC). “No hay ningún tipo de vigilancia, con la excepción de las veces que viene la policía marítima y da la vuelta. Y [el U.S.] Fish and Wildlife [Service] también de vez en cuando da su vuelta. Pero no [hay] algo que esté fijamente aquí, que se pueda decir que una lancha sale de aquí todos los días a dar patrullaje”.
Pero hoy las funciones de esta corporación pública adscrita al Municipio de Culebra están más que limitadas, principalmente por inacción del DRNA, que no atiende las querellas de violaciones ambientales allí. ACDEC tiene la obligación de velar por el desarrollo sustentable de Culebra, y aunque tiene la autoridad para hacer cumplir la ley, cuenta con ocho empleados que no son distribuidos para asumir tareas de vigilancia, sino que están ubicados en funciones administrativas o en el manejo del balneario, afirmó su director.
Aunque la Ley 66 establece que “ninguna agencia aprobará obra o proyecto privado alguno en relación con la Isla de Culebra que conflija con los planes y políticas formuladas y adoptadas” y que se “deberá obtener un endoso favorable” de ACDEC antes de cada desarrollo, hay construcciones sin permisos y otras obras que reciben el visto bueno de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) sin antes ser aprobadas por ACDEC, como establece esa medida.
Y es que en el marco de la consolidación de agencias al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) durante la administración de Ricardo Rosselló, la Ley 141 de 2018 estableció que “se transfieren al Departamento (DDEC) las funciones relacionadas con permisos que antes ejercía la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC), […] de manera que se puedan uniformar las políticas y procedimientos para la conservación, desarrollo y uso de terrenos en dicha Isla Municipio para que sean consistentes con la política pública del Gobierno y las iniciativas impulsadas a nivel estatal”.
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