SAN JUAN – El secretario de Justicia César Miranda y el expresidente del Tribunal Supremo José Andreu García avalaron el jueves, el proyecto de Ley para crear las Alianzas en la Educación Pública y aseguraron que no hay impedimento constitucional alguno que impida al estado establecer dichas alianzas con organizaciones sin fines de lucro para la administración de escuelas públicas.

“Todo tiene algún lindero constitucional que hay que mirar. El único que yo he visto aquí es el de los nombramientos –solamente dos de los nueve [miembros de la Junta de Alianzas e Innovación Educativa] son nombrados por el gobernador, y alguien podría cuestionar eso. El gobernador posiblemente renuncie a ese tipo de derecho para que esto continúe, pero llamo la atención al efecto para que lo tengan presente. Y si alguien lo cuestiona, este Secretario de Justicia va a ir a defender la constitucionalidad de esta ley”, señaló Miranda durante la vista pública sobre el proyecto de ley.

De acuerdo con Miranda, el sistema constitucional de Puerto Rico permite que las ramas Ejecutiva y Legislativa puedan delegar “la concreción de política pública” delineada por dichos cuerpos. En el caso de la propuesta Ley para crear las Alianzas en la Educación Pública se incluyen “criterios concretos que habrán de informar el ejercicio de las facultades delegadas”, según el Secretario de Justicia.

“No se trata pues de delegar la formulación de política pública sino que se delega la concreción, o puesta en vigor de la misma, según delineada por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa”, arguyó Miranda.

No obstante, el funcionario recomendó a los legisladores “modificar” la composición de la Junta e manera que sea el gobernador quien nombre, con el consejo y consentimiento del Senado, a la mayoría de sus miembros, como una forma de evitar posibles reclamos de “delegación indebida de poderes ejecutivos” a dicha Junta.

El presidente del Senado, y autor de la medida, acogió positivamente la recomendación del Secretario de Justicia.

Por su parte, el expresidente del Tribunal, Supremo, Andreu García, calificó las preocupaciones constitucionales expresadas por opositores al proyecto como producto de un análisis precipitado de la medida y el recuerdo de la experiencia pasada con la ley de los vales educativos.

Andreu García explicó que la Constitución de Puerto Rico prohíbe de manera expresa el “sostenimiento” de escuelas privadas con fondos públicos. Dicha prohibición se hace más explícita aún al incluso prohibir el uso de cualquier propiedad del estado para beneficio de escuelas privadas.

Coincidió con Miranda al señalar que las llamadas escuelas LIDER, las cuales serían elegibles para ser administradas por una organización sin fines de lucro, “estarían completamente sujetas a la jurisdicción y autoridad de una entidad gubernamental denominada Junta de Alianzas e Innovación Educativa”.

Ambos letrados coincidieron además, en que el proyecto de para crear las Alianzas en la Educación Pública “es una buena iniciativa” para atender lo que ambos también coincidieron en señalar como el deterioro de la escuela pública en tiempos recientes.