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Por: Laura M. Quintero | Unidad Investigativa de Género | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

Días después del huracán Fiona, ocurrido en septiembre de 2022, Ordaliz Pizarro, de 39 años, acudió a la Iglesia Del Valle AIC en su comunidad Colobó en Loíza. Allí, un grupo de empleados municipales y voluntarios estaban apoyando a los vecinos con la solicitud de asistencia para necesidades críticas. Esperó pacientemente durante aproximadamente hora y media, pero no pudo completar el formulario, pues el sistema de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) decía que ya alguien había solicitado la ayuda usando esa misma dirección.

Ordaliz, como miles de personas en Puerto Rico, vive en un camino sin nombre. Construyó hace 12 años, junto a su esposo, una casa de madera y techo de zinc al lado de las residencias de su mamá y de su tío. Ninguna tiene número o letra asignada para que se le identifique.

“Yo llené tres veces y, por la dirección, nunca me lo dieron”, lamentó resignada la mujer, madre de tres y abuela de dos bebés.

No hay una cifra oficial exacta de cuánta gente pudiera no tener dirección física en Puerto Rico, pero los estimados de la organización Initiative for Civic Address System Assessment in Puerto Rico (iCasaPR), con la información disponible del Servicio Postal de Estados Unidos, apuntan alrededor de 300,000 hogares. Esta cifra representa cerca de un millón de personas, una tercera parte de la población de Puerto Rico, según el promedio de residentes por hogar y el estimado poblacional del Censo.

Además de dificultar las gestiones cotidianas, como la entrega de algún servicio en el hogar, esta carencia también retrasa la capacidad de responder a alguna emergencia. Las organizaciones de base comunitaria, como Taller Salud en Loíza, denuncian que se trata de una necesidad de justicia social, que impide acceder a servicios gubernamentales u otros que requieren una dirección.

FEMA informó que, en un principio, consideraron como “duplicadas” 131,986 solicitudes de asistencia de familias damnificadas por el huracán María en Puerto Rico, a causa de la dirección física. El 34% coincidía con áreas rurales como “Barrio”, “Parcela”, “Carretera”, “KM”. Mientras que el restante 66% eran direcciones de zonas urbanas o que “no muestran suficientes criterios para determinar la ubicación precisa”. La gran mayoría de los casos considerados duplicados se resolvieron al cotejar diferencias en los nombres de los solicitantes, número de ocupantes u otros detalles.

Las direcciones duplicadas son una de las alertas que usa FEMA para detectar el fraude, informó Idamis De Jesús, especialista en Asistencia Individual. En estos casos, el sistema en línea paraliza la evaluación de la solicitud hasta que pueda ser revisada.

La especialista admitió, no obstante, que el sistema en línea no permite siquiera que una persona complete la reclamación por su cuenta cuando se detecta una dirección duplicada. “Desafortunadamente, ahí nos tienen que llamar o visitar a alguno de los centros. Validamos si hay alguna solicitud incompleta en el sistema y la completamos”, dijo la funcionaria de FEMA.

Tras el huracán María, algunos residentes no completaron su solicitud para la reclamación de daños porque el sistema en línea no les aceptaba su dirección, según los testimonios recopilados por la Unidad. La líder comunitaria de Colobó, Mayra Cirino, confrontó este problema cuando apoyó voluntariamente a los vecinos a llenar las solicitudes de asistencia de FEMA. “Les dicen: ‘Es que allí ya alguien solicitó’. Pues mucha gente se quedaron sin la ayuda”, contó.

“Tan importante como una acera”

La jurisdicción para nombrar las calles o caminos vecinales de servidumbre pública recae sobre los municipios, según el Código Municipal, pero los alcaldes y alcaldesas necesitan el endoso del Servicio Postal y la aprobación de la legislatura municipal.

El fundador de iCasaPR, Raúl Ríos, observó que falta un “proceso coherente y práctico para nombrar calles en los 78 municipios”. Existen iniciativas particulares, como en Caguas, pero no así una estructura o ley que aplique a todo el archipiélago. La Oficina de Planificación del Municipio de Loíza hizo una propuesta para la delimitación de sectores y comunidades, así como la asignación de dirección para las viviendas, y está bajo evaluación de la ejecutiva municipal, Julia Nazario.

“Es tan importante como tener una acera o tener una calle o un mecanismo para llegar al pueblo; es tener algún tipo de dirección, que permita que cuando un rescatista usa un sistema de mapas pueda localizar tu casa”, comentó Ríos.

A menudo, cuando la gente llama al 9-1-1, usa referencias para explicar su ubicación. El director de la OMME de Arecibo, Johnny Morales, confirmó que esto sucede frecuentemente, y retrasa el tiempo de respuesta.

La falta de acción gubernamental

El secretario de Vivienda, William Rodríguez informó que evalúan, a través de un proceso de subasta informal, las propuestas sometidas para desarrollar una base de datos de información geográfica, subvencionada con fondos CDBG de recuperación y mitigación.

Rodríguez confirmó que la solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) para este propósito no incluye una partida de fondos para la asignación de direcciones físicas. El programa solo dispone de $3 millones para asistir a los municipios y a las agencias en la recopilación de información, como la ubicación de las carreteras municipales, dijo.

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