Por: Redacción Presencia
redaccion@box2170.temp.domains
LA FORTALEZA- El gobernador, Alejandro García Padilla, convirtió en ley el Proyecto del Senado 487, que enmienda la “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra” a los fines de disponer que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico de 60 años de edad o más, y que cumplan con los requisitos establecidos, puedan salir de reclusión bajo ciertas condiciones.
Según dispone la medida, “si la persona tiene entre 60 y 64 años de edad y ha cumplido un mínimo de 10 años de su sentencia; o si tiene 65 años o más de edad y ha cumplido un mínimo de cinco años de su sentencia, la Junta deberá evaluar estos casos en un término no mayor de 60 días a ser contabilizados a partir de la fecha en que la persona sea referida para ser considerada por la Junta de Libertad Bajo Palabra”.
Asimismo, no serán elegibles para este beneficio los convictos que estén cumpliendo cárcel por delitos tales como: asesinato, secuestro, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, venta o distribución de sustancias controladas a personas menores de 18 años, venta o distribución de armas ilegales, utilización de un menor para la producción, publicación o venta de pornografía infantil, y maltrato mediante la restricción de la libertad y los delitos de agresión sexual en la relación de pareja.
De igual forma, para ser considerado, el reo no puede ser un reincidente, en la modalidad agravada o habitual, y tiene que haber observado una buena conducta en la institución por un lapso razonable de tiempo que no será menor de un año natural ininterrumpido a la fecha de cumplir con las condiciones para el privilegio.
Actualmente, se estima que el costo de un recluso de mayor edad puede sobrepasar los $100 mil anuales debido a los gastos médicos. De acuerdo a cifras del Instituto de Estadísticas, en las cárceles del País hay cerca de 150 presos mayores de 60 años de edad.
“Cada persona que sea elegible para egresar de una institución al cumplir estrictamente con las condiciones establecidas representa un ahorro para el Estado de cientos de miles de dólares, a la vez que se le da la oportunidad a ese envejeciente que concluya sus últimos años de vida junto a su familia fuera de una prisión”, lee la legislación.