Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez defendió hoy la forma en que trabajaron la orden de allanamiento en la residencia del alcalde de Humacao Marcelo Trujillo para buscar a uno de sus hijos, Javier Trujillo Plumey, el cual está preso en una cárcel estatal hace dos semanas.

“No aparecía registrado en el registro de Corrección. Si no aparecía como preso pues era muy difícil encontrarlo”, dijo Rodríguez a preguntas de la prensa.

Al cuestionar a la funcionaria por qué entonces no se llamó al secretario de Corrección José Negrón Fernández, Rodríguez Vélez respondió “cómo un agente que está a punto de arrestar a una persona entrar a una residencia y tiene mil otras cosas, cómo va a llamar a preguntar por una persona que se presume que los records están correctos. Se nos está pidiendo que vayamos más allá”.

Rodríguez añadió que el allanamiento a la residencia del Alcalde fue porque tenían sospechas de que en la misma se estaba guardando droga.

Según la fiscal encargada, Miriam Fernández, se cree que por lo menos en el periodo de un año, hubo algún tipo de drogas ilegales en la propiedad.

En cuanto al tema de la supuesta rotura de la puerta, de la residencia del ejecutivo humacaeño, la fiscal federal mencionó que “comenzaron a romperla pero el proceso no culminó”.

“Ellos tienen por reglamento, unos minutos para entrar. Ellos esperaron, seguían tocando la puerta y nadie contestaba”, dijo Rodríguez.

A esto, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, explicó que si en un minuto no hay respuesta dentro de la residencia, “rompemos la puerta”.

Trujillo Plumey fue acusado junto a otros quince individuos de intentar distribuir más de 50 gramos de Metanfetamina. Se explicó que esta droga viene de Méjico y que los imputados intentaban abrir un nuevo mercado en Puerto Rico. Se argumentó que el precio de esta droga es mucho mayor que la cocaína (1 gramo de Metanfetamina vale 200 dólares y el gramo de cocaína 20 dólares) y son buscadas por personas con alto poder adquisitivo.

De ser hallados culpables, enfrentarían entre 10 años a vida entera en prisión.