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SAN JUAN – Con el fin de robustecer las leyes que propulsan los servicios para la salud mental y contra la adicción, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador independiente, José Vargas Vidot, llevó a cabo una vista pública para atender el Proyecto de la Cámara 1485 que buscar enmendar la Ley de ASSMCA y la Ley 408-2000 por contener disposiciones que violentan derechos garantizados.

“Aunque no se tome en consideración en el resto de la Legislatura, [debemos entender] que el uso problemático de drogas es una epidemia de emergencia y tiene que ser atendida como tal y no politiqueramente”, expresó Vargas Vidot.

La pieza legislativa en discusión busca enmendar la Ley 67-1993 por contener disposiciones que violentan los derechos garantizados a personas con empleo problemático de sustancias; así como la Ley 408-2000, con el fin de incluir en el mismo su aplicación para personas que necesiten servicios contra el abuso y dependencias de sustancias controladas o alcohol.

Propone, además, establecer cláusulas de transición y aplicabilidad para casos pendientes (activos) que hayan sido radicados ante cualquier tribunal competente bajo las disposiciones procesales de la Sección 11 de la Ley 67-1993, según enmendada; además de las personas actualmente recluidas al amparo de la referida disposición antes de la aprobación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Según establece en su exposición de motivos el Proyecto de la Cámara 1485 “los mecanismos de reclusión deben requerir garantías procesales más abarcadoras que las reconocidas en la referida sección y así lo establece la Corte Suprema de Estados Unidos y organizaciones de salud de calibre internacional. Las deficiencias de esta sección incluyen, pero no se limitan a: permitir que se recluya involuntariamente sin necesidad de prueba de que la persona presenta un peligro para sí u otros; no determinar la pericia, facultades o cualificaciones del personal a realizar las evaluaciones requeridas para determinar la existencia de un uso problemático de sustancias…”.

Para analizar la medida, la comisión citó a deponer a diferentes organizaciones como Puerto Rico Teen Challenge, Hogar Crea, Fundación UPENS y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Durante su ponencia, el presidente de Hogar Crea, Héctor Figueroa, recomendó la no aprobación del proyecto, ya que “les quitaría derechos a los pacientes a recibir el tratamiento necesario y a los familiares a tener una alternativa humana y sensible a las necesidades de su familiar”.

Por su parte, el presidente de Puerto Rico Teen Challenge, José Martínez Correa, expresó que la media “ha servido para ‘destapar una caja de pandora’ de la que han surgido elementos de juicio que evidencian la necesidad imperativa de enmendar, para unificar, modernizar y hacer más operante el sistema de reclusión civil involuntaria y la Ley 408-2000”.

Sin embargo, la Fundación UPENS, aunque expresó no estar de acuerdo en que se hagan los cambios propuestos en el proyecto; si favorece que se fortalezcan ambas Leyes y se mantengan separadas.

La Comisión estará realizando más vistas públicas sobre esta medida para recoger el insumo de otras organizaciones y profesionales de la salud.