Redacción Presencia
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LOÍZA – La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) solicitó se revelen públicamente y de inmediato los hallazgos de una investigación senatorial sobre irregularidades cometidas en la compra de terrenos privados en esta reserva natural, ubicada en Luquillo y Fajardo.
El reclamo fue hecho tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior de San Juan, adjudicando un valor de $32.5 millones a los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena en Piñones, y que el Gobierno de Puerto Rico iba a expropiar al empresario y proponente Joel Katz, de PFZ Properties Inc.
La agencia no puede sufragar ni considera una medida de sana administración pagar $32.5 millones por unos terrenos que valen cuatro veces menos esa cantidad” – DRNA.
En el caso de Piñones, la actual administración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)—a través del Departamento de Justicia—ha planteado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que no acepta la tasación que valora esos terrenos en $32.5 millones.
La posición del DRNA es que la tasación de $32.5 millones, efectuada en el cuatrienio pasado, no contempla el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) carece de efecto jurídico, tras una determinación judicial del Tribunal Supremo. El proyecto propuesto tampoco contaba con una consulta de ubicación. Ambos procesos son requisitos medulares de permisos para efectuar la obra.
En el 2008, tres diferentes tasaciones valoraron los terrenos en cerca de $5 millones, incluida una de ellas, del tasador de la propia PFZ Properties Inc. Una nueva tasación del DRNA efectuada el 15 de junio de 2014 establece que la valorización real de las 1,354.7528 cuerdas del terreno no sobrepasa los $7 millones. Sin embargo, el tribunal no ha permitido que desfile esa evidencia. Ante ese hecho, Justicia radicó una solicitud de desistimiento de la expropiación de terrenos el 14 de julio de 2015 para evitar una decisión judicial que hubiera obligado a gobierno a pagar los $32.5 millones.
El pasado 16 de diciembre el tribunal acogió la solicitud de desistimiento de la expropiación. No obstante, el pasado 7 de enero Justicia radicó una solicitud de reconsideración de esa decisión porque el tribunal expresó que el resarcimiento de daños a la PFZ por el DRNA desistir de la expropiación, tendrían como base la tasación que el DRNA objeta del cuatrienio pasado por $32.5 millones.
“La agencia no puede sufragar ni considera una medida de sana administración pagar $32.5 millones por unos terrenos que valen cuatro veces menos esa cantidad”, declaró el subsecretario del DRNA, Julio E. Méndez.
“Las acciones del DRNA son cónsonas con el sentir de la comunidad de Piñones que entiende que no se debe pagar esa cifra por la expropiación. La Corporación Piñones se Integra (COPI) ha exigido al gobierno que no se pague más dinero por esos terrenos. En ánimo de velar por el buen uso de los fondos del erario, hemos tenido que tomar la determinación de desistir de la expropiación. La agencia continuará velando por los recursos naturales en los terrenos de alto valor ecológico”, puntualizó el subsecretario.
Las adquisiciones en la RNCEN son de pasadas administraciones
Por otra parte, Méndez explicó las adquisiciones de terrenos en la RNCEN, entre Luquillo y Fajardo, fueron todas encaminadas en pasadas administraciones y la última de ellas, fue terminada a los pocos meses de entrar la actual administración en mayo de 2013. De no haberse firmado esa última adquisición, se perdían los fondos federales para comprar los terrenos.
El subsecretario expresó que “la agencia solicitó un nuevo tasador en los procesos y ha colaborado con la investigación senatorial sobre las adquisiciones que, explicando todos los procesos, proveyendo la información que obra en expedientes y compareciendo a las vistas. Además, en una situación específica se hizo un referido a la Oficina del Contralor -el 7 de mayo de 2014- solicitando una investigación sobre una transacción de servidumbre de conservación (concesión de créditos contributivos) dispensada al desarrollador Juan Miguel Zalduondo para unas parcelas por las cuales el Departamento de Hacienda le dispensó un crédito de $2,225,000 por un valor de $4,510,000 en un predio de 112.46 cuerdas”.
“La actual administración no ha efectuado nuevas adquisiciones de terrenos en la RNCEN, debido a la falta de recursos económicos y porque se ha asegurado de velar que todos los procesos cumplan con las normas de sana administración”, recalcó el funcionario.
“Si ha habido alguna desviación de los procedimientos, el DRNA respalda que las autoridades identifiquen la evidencia y señalen a los responsables. Las transacciones generadas en pasadas administraciones fueron llevadas a cabo usando tasaciones de tasadores certificados en las regulaciones de “Yellow Book” que se exponen a perder sus licencias si hubo alguna irregularidad. La agencia no tiene objeción en que las autoridades o la legislatura auditen esas tasaciones con profesionales entendidos en la materia”, sostuvo Méndez.