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SAN JUAN – Con el favor de comerciantes y la objeción de organizaciones ambientales, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, realizó una vista pública sobre una medida para extender la fecha en que entrará en vigor la prohibición a la utilización de plásticos de un solo uso, organizaciones ambientales y comerciantes presentaron sus ponencias.
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El Proyecto del Senado 1374 busca extender por dos años la fecha en que entraría en vigor la Ley 51-2022, conocida como “Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo local comercial, de venta y distribución autorizada a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Esta ley entrará en vigor en junio de este año.
En la audiencia, el senador Albert Torres Berríos, presidente de la Comisión, preguntó en qué estatus se encuentra el reglamento. Samuel Acosta, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que está adelantado para enviarlo a vistas públicas. Mencionó que el aviso debe salir en las próximas semanas.
Además, Acosta indicó que el periodo para que los comercios puedan tener el inventario con los nuevos productos en cumplimiento con la Ley, es aproximadamente de seis meses. “Si los comercios necesitan que se extienda el término de entrar en vigor las prohibiciones por algunos meses, y que se realice de manera ordenada, no tenemos objeciones. Pero un término de dos años nos parece un poco largo e innecesario”, sostuvo.
A preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, el deponente señaló que la última enmienda al borrador fue sometida a la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal para su aprobación a principios de este año. Dijo que esto es un proceso regular en la redacción de reglamentos. Sobre el lugar para disponer los materiales, Acosta indicó que en este momento el reciclaje no se ha desarrollado al nivel que quisiera el DRNA. “Esta ley aumenta el por ciento de reciclaje bien significativo”, indicó Acosta.
Por su parte, la senadora Nitza Morán Trinidad dijo que la extensión del periodo es importante. “Creo que necesitamos una ley que vaya cónsono de lo que va a pasar en el futuro y no cometer los errores del pasado. Si nos vamos a comportar en un ambiente de reciclaje debe ser con mira de un reglamento, disposición y cómo la esfera gubernamental va hacer que esto ocurra”.
A su vez, Morán Trinidad preguntó cómo el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) está viendo la fiscalización. Lisoannette González, secretaria designada, dijo que “hemos estado haciendo operativos de orientación en los comercios. Lo que sí nos preocupa es una posible inflación en el precio de los productos y cómo se tiene que trabajar mediante ley”. A su vez, González indicó que de la parte del DACO el borrador del reglamento está listo y solo esperan por la aprobación de la última enmienda que hiciera el DRNA.
De otra parte, grupos ambientalistas que participaron de la audiencia se manifestaron en contra de la medida. “Lo que esperamos de este proceso es que exista voluntad de todas las partes involucradas e interesadas para poder coordinar y poner en marcha los cambios necesarios y urgentes que estos tiempos de crisis climática y de alto riesgo de colapso ecológico nos requiere. No podemos seguir aferrándonos a prácticas de consumo que van en detrimento de la salud y la sostenibilidad de la vida”, dijo Maritza Maymí de la organización Sierra Club.
En la misma línea, se expresó Ingrid Vila en representación de la organización CAMBIO. “Permitir que se extienda la vigencia implica poner en segundo plano la salud de un pueblo. Y esto en ningún contexto se debe permitir”. Además, sostuvo que es evidente que el DRNA incumplió con las disposiciones de la Ley 51. Tampoco favorecieron la medida el deponente y profesor Pedro Saadé y la estudiante Andrea Nevárez de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico.
Por otro lado, participaron de la vista la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y la Asociación de Restaurantes (ASORE) quienes favorecieron el proyecto para extender por dos años la puesta en vigor de la Ley 51. “La ACDET apoya la medida para evitar un disloque en la atención de las necesidades del consumidor puertorriqueño y un disloque en las operaciones de los comercios”, señaló Lymaris Otero directora de ACDET.
“Existe preocupación sobre la capacidad del gobierno para manejar el aumento de desechos sólidos y el impacto económico en los consumidores debido al alto costo de los envases alternativos…ASORE recomienda y solicita la pronta aprobación del P. del S. 1374, para que el DACO y el DRNA puedan promulgar un Reglamento adecuado que propicie una implementación más ordenada y efectiva. Incluso, la aprobación del R del S. 1374 proveerá espacio para realizar las enmiendas sustanciales que requiere la Ley 51-2022, para establecer claramente los materiales que estarían permitidos, así como los prohibidos”, abundó Carlos Budet, presidente de ASORE.